Buenas noticias para los contribuyente valencianos. Desde el año 2.014 la Generalitat Valenciana está realizando las comprobaciones de valor de los bienes inmuebles mediante la aplicación sobre el valor catastral de un coeficiente multiplicador, distinto para cada municipio. Este valor le sirve de base imponible para liquidar el ITPAJD e ISD.
Uno de los casos más comunes de revisión de valores sucede cuando el contribuyente compra un inmueble y paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales sobre el valor de compra. La administración, según la Ley General Tributaria, tiene facultades para revisar ese valor de compra y “adecuarlo” a lo que considera es el valor real de dicho inmueble.
Una de soluciones al alcance del contribuyente es iniciar un procedimiento de Tasación Pericial Contradictoria en el que se fije de una forma más fiel cual es el valor real del bien.
1.-Tipo de procedimiento.- Es un procedimiento administrativo, por lo tanto no hace falta la intervención de un abogado y procurador.
2.-Plazo.- El plazo general para solicitar la iniciación del procedimiento es de 1 mes desde la notificación de la liquidación provisional.
3.-Suspensión de la ejecución.- Desde el momento en que se solicita el procedimiento, la deuda con la administración queda en suspenso, y no hace falta ingresar el dinero que se te reclama.
4.- Profesional tasador.- Tendrás que buscar un tasador, normalmente un arquitecto, que te haga una valoración de mercado que apoye el valor de compra que pusiste en la escritura.
5.- Tasador de la administración.- La administración deberá enviar también un tasador que valore el inmueble. Este tasador será el encargado de defender la tasación inicial que había hecho la administración.
6.- Tasador independiente.- Si la diferencia de valor entre los 2 tasadores, el tuyo y el de la administración, es superior a un 10% (suele ser lo habitual) se elegirá por sorteo un tasador independiente, y la tasación que fijará este profesional será la que servirá de base para el pago del impuesto.
7.- No puedes ir a peor.- ¿Y si el el tasador independiente pone como valor uno todavía más elevado?. En el caso de que este tasador independiente fijara un valor superior al que la administración había fijado inicialmente, no te preocupes, el límite sobre el que tendrás que pagar los impuestos será el inicialmente fijado.
Iniciar este procedimiento es una de las alternativas que tienes para defenderte ante la administración, pero no es la única; lo mejor que puedes hacer es acudir a tu asesor fiscal y que te explique cual es la mejor opción para tu caso en concreto.
Sentencia del TSJ de Galicia de 1 de Abril de 2015 en la que se valora la posibilidad de impugnar por el contribuyente el valor de una tasación realizada por la administración tributaria aunque NO se haya solicitado la tasación pericial contradictoria (TPC). Para el Tribunal es perfectamente factible discutir en vía jurisdiccional el valor del bien sin necesidad de iniciar el citado procedimiento. La sentencia es interesante, también, porque el método de comprobación elegido por la administración era el fijado en una tasación hipotecaria:
“Lo que no trasciende de la STS de 7/12/2011 es que, admitiendo que la Administración pueda elegir libremente el medio de comprobación del artículo 57.1, g) LGT y de que no esté obligada a justificar que el valor fijado al efecto en la utilización de dicho medio se corresponde con la base imponible del impuesto, añadidamente, ello comporte para Jueces y Tribunales una conclusión limitativa no solo de sus facultades, sino de sus obligaciones conforme al artículo 24.1 CE , de suerte que aquel valor fijado a efectos de tasación hipotecaria que a la Administración le basta poner de manifiesto en el procedimiento de comprobación se proyecte al proceso jurisdiccional en que se cuestione y a la propia sentencia de suerte que la labor del juzgador, entonces, quede referida estrictamente a la comprobación de si el valor utilizado por la Administración es justamente el que, incluso antes de iniciarse procedimiento tributario alguno, fue el establecido a efectos de tasación hipotecaria entre entidad bancaria y cliente.
Y ello porque tal proyección de la STS de 7/12/11 sobre el artículo 57.1, g) obligaría a promover cuestión de inconstitucionalidad sobre dicho precepto, al limitar abierta y drásticamente la labor de Jueces y Tribunales. Por el contrario, existe un juicio positivo de constitucionalidad de la norma, cual es el de que la Administración no viene obligada a más de lo que la STS citada destaca, lo que convierte el valor comprobado en el valor ajustado a la base imponible, salvo que el contribuyente acredite lo contrario. Es decir, y como ya notamos en nuestra sentencia de 19/3/12 (recurso 15019/11) aquel valor no constituye una presunción “iuris et de iure” que vincule a los Tribunales sino que lo que concurre es una suerte de presunción “iuris tantum” de que el valor comprobado es el que se ajusta a la base imponible del impuesto. A la Administración, siguiendo el criterio jurisprudencial reseñado, le basta con señalar aquella magnitud declarada a efectos de tasación de la finca hipotecada. Y, si tal valor es ajeno a la intervención del interesado, por venirle impuesto; es de conveniencia entre éste y entidad bancaria, por dirigirse a la extinción de otros préstamos pendientes; o a evitar la concesión de otros concurrentes o futuros, como es notorio ha sucedido con anterioridad a la actual crisis económica; o el contribuyente entiende que en absoluto se corresponde con el propio de la base imponible del impuesto puede discutirlo, tal como razona la STS antes transcrita, mediante la tasación pericial contradictoria.
Pero como es criterio pacífico en la jurisprudencia, tal instituto es una facultad para el contribuyente y no una carga de modo que, sobre todo sometida la discrepancia a discusión jurisdiccional, aquella presunción que surge del valor declarado a efectos de tasación en la hipoteca, no deviene inatacable porque tal tasación contradictoria no se haya solicitado, sino que puede cuestionarse en autos, tanto mediante la prueba pericial correspondiente, como en relación con los particulares que obren en el expediente administrativo según los cuales la parte demandante estime que puede llegarse a un valor diferente a aquél que la Administración señaló como comprobado merced a lo dispuesto en el artículo 57.1, g) LGT .”
