Os dejo un enlace con la Orden 15/2018 de 28 de diciembre publicada el día 2 de enero de 2019 por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2019 al valor catastral.
Según el Preámbulo la administración es conocedora de la jurisprudencia que existe respecto a la idoneidad del medio propuesto para determinar el valor real, en particular la sentencia del TS que declara que el método de coeficientes no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos inmuebles en los que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real.
Es práctica habitual de los órganos de gestión e inspección de la Agencia Tributaria eliminar ciertas partidas de gastos de la contabilidad de los contribuyentes con el único y simple argumento de que no está justificada su utilización en la actividad económica o porque, simplemente considera, bajo su criterio, que no son gastos necesarios para el ejercicio de la misma.
Sin embargo, para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de fecha 15 de Junio de 2017, Recurso 50/2014, recae sobre la Administración Tributaria la carga de la prueba cuando considera que un gasto contable no es deducible en el Impuesto de Sociedades por ser ajeno a la actividad, salvo que dicho gasto sea completamente desproporcionado.Continuar leyendo «¿Gastos innecesarios? Hacienda debe probar que no son deducibles.»→
Es criterio del TEAC que los recursos interpuestos por un contribuyente contra una liquidación provisional practicada por la Administración, en relación a una autoliquidación, no interrumpen el plazo para solicitar la rectificación de la autoliquidación y su consiguiente devolución de ingresos indebidos, de tal forma que finalizado el plazo de 4 años desde el día siguiente a aquel en que realizó el ingreso indebido, ya no podrá exigir su devolución.
Todos los recursos interpuestos y las actuaciones llevadas a cabo ante los Tribunales en defensa de la liquidación provisional, interrumpen solo el derecho a liquidar de la Administración, pero no interrumpen el derecho del contribuyente a solicitar la devolución de ingresos indebidos.
Si tras una liquidación provisional de la Administración usted decide recurrirla, pero al mismo tiempo se percata de la existencia de unos ingresos indebidos, o si estos ingresos indebidos se producen como consecuencia de la misma liquidación, no espere a la resolución del recurso y solicite inmediatamente su devolución.
Y ello es así porque la Ley General Tributaria (artículo 66) diferencia expresamente entre «el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación» del «derecho a solicitar la devolución derivada de la normativa de cada tributo, la devolución de ingresos indebidos y el reembolso del coste de garantías.»
El día 9 de Noviembre publiqué un post titulado «Requisitos que debe cumplir el segundo intento de notificación». En él explicaba que la notificación por edictos es una forma especial de notificación que puede ser utilizada por la Agencia Tributaria, pero que para ser considerada totalmente válida deben cumplirse una serie de requisitos en los intentos de notificaciones anteriores.
De no cumplirse estrictamente las formalidades exigidas por la Ley General Tributaria y la Ley de Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones pueden declararse inválidas y el procedimiento tributario considerarse nulo de pleno derecho.
Esto es lo que ha ocurrido en el caso cuya Resolución del TEAR Comunidad Valenciana dejo para descargar, con la particularidad de que las actuaciones llevadas a cabo, tanto por la administración tributaria como por el contribuyente, no han interrumpido la prescripción, y al ser los hechos comprobados del ejercicio 2.012, se encuentran totalmente prescritos. Continuar leyendo «Ejemplo de reclamación ganada por defecto formal en las notificaciones.»→
Un contribuyente suscribió un documento privado por el que manifestaba la intención de adquirir la Expendiduría de tabacos de Alcoi a su titular, fijando un valor de la concesión de 90.000 € autoliquidando dicha operación por ITP.
Sin embargo la Administración tributaria autonómica realizó una comprobación de valores, procediendo a fijar un valor de la transmisión mediante la capitalización al 20% de la media de las rentas netas declaradas a efectos del IRPF de los ejercicios inmediatamente anteriores, fijando un valor comprobado de 190.708’22 € Continuar leyendo «Método de comprobación de valor inadecuado en transmisión de un estanco.»→
Es muy importante antes de realizar cualquier operación de donación contar con un buen asesoramiento fiscal, más aun si lo donado es una oficina de farmacia, sobre todo por la cuantía económica que ello supone y por las importantes repercusiones fiscales que conlleva, tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En este caso que os comento el cliente no debió asesorarse lo suficientemente bien, pues al parecer, no cumplió todos los requisitos exigidos en la normativa para aprovechar los beneficios fiscales de la empresa familiar.
El Tribunal Supremo ha dictado recientemente dos sentencias en las que da vía libre a la Administración para que pueda comprobar el valor real de un bien inmueble utilizando el método de coeficientes multiplicadores aplicados a su valor catastral. (Sentencias de 6 de abril 639/2017 y 640/2017).
TSJ Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había anulado previamente no sólo las liquidaciones basadas en este método, sino incluso las propias Ordenes de los años 2.013 y 2.014 en las que se aprobaron los coeficientes para cada municipio, al considerar que ,mediante este método, no se llegaba al valor real del bien transmitido (tal y como exige la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), ni se respetaban los criterios jurisprudenciales en materia de comprobación de valores. Continuar leyendo «El TS da su beneplácito al método de coeficientes multiplicadores, ¿y ahora qué?»→
Algunas comunidades autónomas comprueban los valores de los bienes inmuebles que han sido objeto de una transmisión mediante el sistema de “dictamen de peritos de la administración” (artículo 57 Ley General Tributaria).
SI TODAVIA NO HA LIQUIDADO SU SOCIEDAD CIVIL ESTA OBLIGADO A PRESENTAR EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Usted constituyó hace unos años una sociedad civil con otro socio para realizar una actividad económica. Con el tiempo esa sociedad quedó inactiva y se dio de baja de obligaciones fiscales en hacienda, pero no llegó a realizar un proceso completo de liquidación de la sociedad.
Las sociedades civiles tributan por el impuesto de sociedades.
Como ya debe saber, a partir del 1 de enero 2016 las sociedades civiles que tengan personalidad jurídica y desarrollen una actividad mercantil tributarán por el impuesto sobre sociedades. Se excluyen las sociedades con actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y las de carácter profesional. Continuar leyendo «Sociedades civiles inactivas: cuidado con las sanciones»→
En el transcurso de un procedimiento de comprobación de valores, ante la divergencia de superficies y m2 construidos de un inmueble, el perito de la administración debe realizar necesariamente una inspección personal al inmueble.
Sentencia TSJ Andalucía, Sede Sevilla, 15 de septiembre de 2016, Recurso 792/2015
” Pues bién, en lo que respecta a las características físicas del inmueble éstas difieren sensiblemente -en lo atinente a la superficie construída- según tomemos en consideración los datos del Catastro de los que resulta el valor catastral aplicado por la Administración tributaria (330m2 de superficie construida -que incluyen 167 m2 de vivienda, 62m2 de almacén y 191m2 de uso hotelero-), o los derivados de la escritura de compraventa y de la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad (a tenor de los cuáles la casa tiene una superficie construída de 124m2 dentro de una parcela de 130m2).
Estamos ante una divergencia no explicada y suficientemente relevante en cuanto incide sin duda sobre el valor real del bien evaluado y, consecuentemente, sobre la determinación de la base imponible de la liquidación, poniendo así de relieve la inadecuación del método de tasación elegido por la Administración, más si tenemos presente que la superficie construida catastral es superior -en más de un 10%- a la que resulta del Registro de la Propiedad y de la escritura pública consecuente con éste. De ahí que, en casos como el presente, consideremos que concurren en la finca valorada una especial circunstancia que hace obligada una detenida comprobación y respuesta por parte de la Administración, tradicionalmente realizada tras la visita del técnico al lugar (en este sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 20 de diciembre de 2012, dictada en recurso núm. 103/2012).
Debe desecharse no obstante lo argumentado por la parte actora en torno al mal estado de conservación del inmueble, toda vez que para justificar tal aseveración se apoya en un informe tasación, visita de inspección y reportaje fotográfico cumplimentados en enero de 2016, esto es, casi tres años después de la transmisión objeto de gravamen; insuficientes por ello para atestiguar de manera fehaciente el estado de la construcción a la fecha en que la compraventa tuvo lugar.
Por lo expuesto, ha de concluirse que la valoración efectuada por la Administración en el supuesto que analizamos no se ajusta a Derecho dada la falta de idoneidad del método empleado para realizarla, lo que llevará aparejado como consecuencia derivada la anulación de la liquidación a la que sirve de fundamento, y la de la Resolución del TEARA que la confirmó.”
En en este caso analizamos la posibilidad de iniciar una reclamación económico-administrativa frente a una liquidación de la administración tributaria por caducidad del procedimiento. Damos un repaso a los artículos 103, 104.5 y 139 de la Ley General Tributaria, así como a la doctrina del TEAC sobre la necesidad o no de dictar resolución de caducidad. Continuar leyendo «¿Ha caducado mi procedimiento tributario?»→
Por la Agencia Tributaria se deniega la devolución de un IVA a un contribuyente que aporta durante la tramitación del procedimiento, entre otros documentos, una serie de contratos redactados en lengua extranjera y no acompaña en su solicitud una traducción al castellano. El contribuyente recurre la decisión de hacienda y el asunto termina con una resolución del TEAC.
¿Tiene obligación el contribuyente de acompañar traducción de los documentos?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 106.1 LGT:
«En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa».
Por su parte, el artículo 144.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece lo siguiente:
«A todo documento redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, se acompañará la traducción del mismo.»
Asimismo, en el artículo 36.1 de la Ley 30/1992 de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, se establece lo siguiente:
«La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.»
El TEAC resuelve desestimando la reclamación:
Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 36.1 Ley 30/1992, y en el artículo 144 Ley 1/2000 (al que se remite el artículo 106.1 LGT), la exigencia efectuada por la Administración Tributaria no puede considerarse contraria a Derecho.
TEAC de fecha 23 de octubre de 2014 (Rec 6685/2012)
En idéntico sentido, referido a la obligación de aportar traducción en los procedimientos de revisión, la resolución de este TEAC de fecha 16 de febrero de 2012 (R.G.: 00/3689/2009).
