Actividad económica de arrendamiento: el administrador también sirve

consulta nº V1458-15 de 11 de Mayo a propósito de los requisitos  para reconocer el arrendamiento de inmuebles como actividad económica.

arrendamiento

Que una actividad de arrendamiento de inmuebles tenga la consideración de actividad económica tiene una gran transcendencia, no solo para los impuestos de IRPF o Sociedades, sino también para otros como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Para que se se produzca ese reconocimiento se exige contar con un empleado con contrato de trabajo indefinido a jornada completa, cuyas funciones sean exclusivamente la gestión del arrendamiento de inmuebles. En la consulta se plantea que dichas funciones puedan ser desempeñadas por el administrador de la propia sociedad. La contestación es la siguiente:

Es indiferente la modalidad del contrato que regule la relación laboral del trabajador con la empresa, siendo relevante que existe un contrato de trabajo en los términos que dispone la legislación laboral y que éste sea a jornada completa, con independencia de cuál sea su régimen de cotización a la Seguridad Social. Asimismo, resulta irrelevante que dicha persona tenga o no la condición de administrador de la entidad, siempre que perciba su remuneración por la realización de la actividad de arrendamiento de inmuebles, distinta de la que, en su caso, le pudiera corresponder por el cargo de administrador, entendiéndose, por tanto, cumplido el requisito establecido.

Así pues, se cumple el requisito de tener un empleado con contrato laboral y a jornada completa aunque sea únicamente el administrador el que esté empleado, eso sí, con un contrato de trabajo y percibiendo sus rentas del trabajo por gestionar los arrendamientos.

Impugnar el valor de un bien fijado en tasación hipotecaria

Sentencia del TSJ de Galicia de 1 de Abril de 2015 en la que se valora la posibilidad de impugnar por el contribuyente el valor de una tasación realizada por la administración tributaria aunque NO se haya solicitado la tasación pericial contradictoria (TPC). Para el Tribunal es perfectamente factible discutir en vía jurisdiccional el valor del bien sin necesidad de iniciar el citado procedimiento. La sentencia es interesante, también, porque el método de comprobación elegido por la administración era el fijado en una tasación hipotecaria:

“Lo que no trasciende de la STS de 7/12/2011 es que, admitiendo que la Administración pueda elegir libremente el medio de comprobación del artículo 57.1, g) LGT y de que no esté obligada a justificar que el valor fijado al efecto en la utilización de dicho medio se corresponde con la base imponible del impuesto, añadidamente, ello comporte para Jueces y Tribunales una conclusión limitativa no solo de sus facultades, sino de sus obligaciones conforme al artículo 24.1 CE , de suerte que aquel valor fijado a efectos de tasación hipotecaria que a la Administración le basta poner de manifiesto en el procedimiento de comprobación se proyecte al proceso jurisdiccional en que se cuestione y a la propia sentencia de suerte que la labor del juzgador, entonces, quede referida estrictamente a la comprobación de si el valor utilizado por la Administración es justamente el que, incluso antes de iniciarse procedimiento tributario alguno, fue el establecido a efectos de tasación hipotecaria entre entidad bancaria y cliente.

Y ello porque tal proyección de la STS de 7/12/11 sobre el artículo 57.1, g) obligaría a promover cuestión de inconstitucionalidad sobre dicho precepto, al limitar abierta y drásticamente la labor de Jueces y Tribunales. Por el contrario, existe un juicio positivo de constitucionalidad de la norma, cual es el de que la Administración no viene obligada a más de lo que la STS citada destaca, lo que convierte el valor comprobado en el valor ajustado a la base imponible, salvo que el contribuyente acredite lo contrario. Es decir, y como ya notamos en nuestra sentencia de 19/3/12 (recurso 15019/11) aquel valor no constituye una presunción “iuris et de iure” que vincule a los Tribunales sino que lo que concurre es una suerte de presunción “iuris tantum” de que el valor comprobado es el que se ajusta a la base imponible del impuesto. A la Administración, siguiendo el criterio jurisprudencial reseñado, le basta con señalar aquella magnitud declarada a efectos de tasación de la finca hipotecada. Y, si tal valor es ajeno a la intervención del interesado, por venirle impuesto; es de conveniencia entre éste y entidad bancaria,  por dirigirse a la extinción de otros préstamos pendientes; o a evitar la concesión de otros concurrentes o futuros, como es notorio ha sucedido con anterioridad a la actual crisis económica; o el contribuyente entiende que en absoluto se corresponde con el propio de la base imponible del impuesto puede discutirlo, tal como razona la STS antes transcrita, mediante la tasación pericial contradictoria.

Pero como es criterio pacífico en la jurisprudencia, tal instituto es una facultad para el contribuyente y no una carga de modo que, sobre todo sometida la discrepancia a discusión jurisdiccional, aquella presunción que surge del valor declarado a efectos de tasación en la hipoteca, no deviene inatacable porque tal tasación contradictoria no se haya solicitado, sino que puede cuestionarse en autos, tanto mediante la prueba pericial correspondiente, como en relación con los particulares que obren en el expediente administrativo según los cuales la parte demandante estime que puede llegarse a un valor diferente a aquél que la Administración señaló como comprobado merced a lo dispuesto en el artículo 57.1, g) LGT .”

Juan Pitarch

¿Tengo que presentar el Impuesto de Sociedades si mi empresa ya no tiene actividad?

Si la empresa no realiza actividad económica o profesional alguna, pero NO SE HA PROCEDIDO A SU DISOLUCION continua siendo sujeto pasivo del Impuesto de Sociedades, aunque se haya dado de baja, incluso, en el Impuesto sobre Actividades Económicas, y por lo tanto deberá presentar el Impuesto de Sociedades.

 Artículo 124 Declaraciones

  1. Los contribuyentes estarán obligados a presentar una declaración por este Impuesto en el lugar y la forma que se determinen por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

La declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

¿Necesita aportar capital para reponer pérdidas? Sepa cómo tributa

Las aportaciones de los socios a una empresa para compensar las pérdidas acumuladas han estado tradicionalmente sujetas a la modalidad Operaciones Societarias. Si el socio tenía un crédito contra la sociedad y lo destinaba a compensar las pérdidas tratamiento fiscal era el mismo, tributar por Operaciones Societarias. Dada la incompatibilidad con Operaciones Societarias, estas operaciones no tributaban por Transmisiones Patrimoniales ni Actos Jurídicos Documentados

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Vamos a ver ahora las modificaciones normativas:

A partir del 1 de Enero de 2009 se reforma el artículo 19 del Texto Refundido de ITP y se amplía el hecho imponible al referirse a las “aportaciones de los socios que no supongan un aumento de capital social”. Nótese la diferencia, pues antes se refería al concepto de reponer pérdidas.

Y a partir del 3 de Diciembre de 2.010 se declaran exentas las siguientes operaciones:

  •  La constitución de sociedades
  • El aumento de capital
  • Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital

Por lo tanto, las aportaciones de los socios que no supongan un aumento de capital, pero también los aumentos de capital, no tributan por Operaciones Societarias por estar exentos, y tampoco lo hacen por ITP y AJD por encontrarse no sujetas.

Ampliación de capital de una sociedad Mejicana mediante aportación de inmuebles situados en España y con establecimiento permanente en nuestro territorio

¿Qué tributos afectan a las empresa en este caso?

(CONSULTA Nº V1773-14 DE 8 DE JULIO DE 2014)

El artículo 20 de ITPAJD nos dice que, en caso de que una entidad, cuyo domicilio social y sede de dirección efectiva se encuentre fuera del territorio nacional, y realice operaciones de su tráfico en territorio español a través de establecimientos permanentes, vendrá obligada a tributar por la modalidad de operaciones societarias de igual forma que las sociedades españolas, “por la parte de capital que destinen a dichas operaciones”.

En el supuesto planteado en la consulta, la sociedad mejicana realiza operaciones de su tráfico en territorio español a través de establecimiento permanente, pero no parece que haya destinado parte de su capital a dichas operaciones, no disponiendo más que de una persona, residente fiscal en España, que se encargaría de negociar en dicho territorio compraventas de inmuebles, por lo que la sociedad mejicana no vendrá obligada a tributar por la modalidad de operaciones societarias por la existencia de dicho establecimiento.

En cuanto a aportación por los socios de la entidad mejicana de los inmuebles que poseen en España, se trata de un aumento de capital realizado por una sociedad con sede de dirección efectiva o domicilio fiscal fuera del territorio español, por lo que debe entenderse que el hecho imponible de la modalidad de operaciones societarias se produce fuera del ámbito de aplicación territorial del Impuesto, no procediendo la exigencia del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por el Estado Español. Sin embargo, y dado que los supuestos de hecho que constituyen el tipo de las operaciones societarias sujetas a dicha modalidad no están sujetas a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, cuando, por cualquier causa, no proceda la tributación de dichas operaciones por la referida modalidad de operaciones societarias, la no sujeción por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas determinará la aplicación de la cuota variable del documento notarial, siempre que concurran los requisitos exigidos en el artículo 31.2 del Texto Refundido del ITP y AJD.

En el presente caso queda fuera de duda que se trata de un acto de contenido valuable, no sujeto a las modalidades de transmisiones patrimoniales onerosas y operaciones societarias y es inscribible en el Registro de la Propiedad. Por ello, tan solo en el caso de que se cumpla, además, el primero de los requisitos, el otorgamiento de escritura notarial, será de aplicación la cuota variable del documento notarial.

Cuotas IVA no deducidas por no atender requerimiento ¿qué pasa con ellas?

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Desde que se implantó la notificación electrónica ha sucedido en repetidas ocasiones que la empresa no ha atendido en plazo requerimientos de la Agencia Tributaria encaminados a comprobar el IVA deducido en sus declaraciones. Ante esta circunstancia Hacienda practica la liquidación sin deducir ninguna cuota de IVA soportado.

Ahora un contribuyente consulta qué tratamiento le corresponde a dichas cuotas, ¿son deducibles en futuras liquidaciones trimestrales?

Consulta Vinculante V0597-15

Fecha 17/02/2015

Como consecuencia de no atender en plazo un requerimiento de la Agencia Tributaria y aportar las facturas requeridas, dicha Agencia le practicó una liquidación en la que no se tuvieron en cuenta las cuotas deducibles correspondientes al año 2010.”  Se pregunta por la “posibilidad de deducir dichas cuotas en otros ejercicios.”

Se responde que “en el supuesto objeto de consulta las cuotas que no fueron tenidas en consideración por la Administración tributaria al no aportar en plazo las facturas requeridas podrán ser deducidas dentro del plazo que fija el apartado tres del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, anteriormente transcrito, una vez cumplidos los requisitos de contabilización y demás a que se refiere el precepto mencionado.” Para llegar a dicha conclusión se tienen en cuenta los artículos 97 a 99 de la Ley del IVA.

Como vemos, las cuotas son deducibles mientras no haya prescrito el derecho. Sin embargo, el mazazo financiero que le supone a la empresa tener que devolver las cuotas soportadas durante, por ejemplo, todo un ejercicio fiscal, puede poner en peligro su viabilidad si no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente al pago de la liquidación.

¿Tiene obligación un administrador no residente de nombrar representante fiscal?

Si se constituye una sociedad conforme a la normativa mercantil española y con domicilio social en España, y sus administradores son personas físicas no residentes, ¿tiene obligación los administradores de nombrar un representante fiscal en España?.

Un ejemplo sencillo de este supuesto podría ser un ciudadano residente fiscal alemán que constituye y administra una sociedad limitada en España para ejercer una actividad empresarial.

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Deuda tributaria tras disolución de una mercantil, ¿quién se hace cargo?

¿Qué ocurre cuando tras disolver y liquidar una sociedad, la administración tributaria, mediante una inspección, por ejemplo, nos realiza una liquidación en concepto de Impuesto sobre Sociedades o IVA? ¿Quién responde la misma? Continuar leyendo «Deuda tributaria tras disolución de una mercantil, ¿quién se hace cargo?»